Femicidio en Salta: primera condena contra un gobierno por no proteger a la víctima

El femicidio de la artesana de 33 años Claudia Alejandra Sierralta Carrizo en Salta fue una muerte anunciada. Así lo interpretó la Sala Tercera del Tribunal de Impugnación de la provincia. Los jueces confirmaron la condena a cadena perpetua para el femicida y ratificaron que el Estado provincial tendrá que pagarle a la familia de la víctima 2.600.000 pesos en concepto de los daños causados por el crimen de la mujer.

El hecho ocurrió hace seis años, el 20 de noviembre de 2014. Ese día, el expolicía José Adrián Chilo, después de anticiparle por teléfono a una de sus hijas lo que iba a hacer, asesinó a Carrizo, su exmujer, de dos disparos con su pistola reglamentaria.

Sin embargo, el femicida no solamente había realizado esa advertencia antes de matar a la madre de sus dos hijas. El dato más relevante, que también consta en la causa, señala que Chilo también había advertido a los médicos de la Policía salteña sobre lo que podía ocurrir. El hombre manifestó que tenía problemas con su adicción a las drogas, que estaba alterado mentalmente y pidió que le quitaran su pistola.

Nadie hizo nada. Dos meses después llamó a su hija de cinco años y repitió la advertencia. Ese mismo día mató a Carrizo e incluso disparó contra algunas personas que intentaron detenerlo en la calle cuando quiso escapar del lugar. No llegó lejos. La policía lo detuvo, llegó a juicio y lo condenaron. Después, su abogado defensor Mario López Escotorín hizo un planteo y calificó de “exorbitante y desproporcionada” la pena impuesta a su cliente.

Pese a su intento por morigerar la condena, el recurso fue rechazado por la Justicia al considerar que quedó acreditado “certeramente” que Chilo es culpable del delito de “homicidio doblemente calificado por mediar relación de pareja preexistente y violencia de género”.

La pena impuesta, según el Tribunal de Impugnación, se encuentra dentro de los límites racionales y proporcionales, no resulta cruel ni degradante, y de ninguna manera constituye una muerte en vida para el acusado. A diferencia de Claudia Carrizo, Chilo podrá modificar o no su conducta, sentimientos, modos de pensar, a futuro podrá o no cultivar relaciones personales, saber de la vida de sus afectos y mantener contactos con los mismos, sostiene la resolución, publicada por El Tribuno.

Así, seis años después del hecho, se confirmó que Chilo seguirá preso. Pero lo inédito del caso es que la Provincia deberá pagarle a la familia de la víctima una indemnización por no haber hecho nada para evitar el crimen.

“La Provincia de Salta, a través de las autoridades policiales tuvo pleno conocimiento de la situación de violencia familiar existente entre el hoy condenado y la víctima Sierralta. Tuvieron también conocimiento del estado de inestabilidad emocional de Chilo. Tenían la certeza de que Chilo tenía bajo su custodia, a su alcance y plena disponibilidad un arma”, afirmaron los jueces, y en ese sentido resaltaron: "Conocida una situación concreta de riesgo directo el deber de retiro del arma era expedito, inminente, urgente.

Para el tribunal, éste fue un caso de violencia extrema “claramente previsible para el Estado”, que tuvo conocimiento expreso de la situación de la que era víctima Sierralta y que Chilo portaba un arma, provista por el mismo Estado, “y no hizo nada efectivo para evitarlo”.